Para Latinoamérica por Luis Velásquez

Déficit democrático: la amenaza silenciosa que enfrenta el mundo de hoy

En tiempos recientes la democracia, históricamente considerada el sistema de gobierno ideal, ha enfrentado desafíos crecientes a nivel global. Desde el debilitamiento de las instituciones hasta el ascenso de liderazgos autoritarios, el sistema democrático está siendo cada vez más cuestionado en su capacidad para garantizar derechos, representar a sus ciudadanos y adaptarse a los retos contemporáneos. En tal sentido, es crucial distinguir entre crisis políticas y crisis de credibilidad en los políticos, ya que ambas afectan de manera diferente a los países. Una crisis política generalmente implica conflictos entre diferentes ramas del gobierno, partidos políticos o grupos de interés, y puede llevar a la parálisis legislativa, inestabilidad gubernamental o incluso cambios de régimen. Por otro lado, una crisis de credibilidad en los políticos se refiere a la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus líderes, lo que puede resultar en una disminución de la participación electoral, protestas masivas y un aumento del escepticismo hacia las instituciones democráticas. Lo anterior afecta tanto a democracias jóvenes como a aquellas con raíces firmemente establecidas, planteando serias interrogantes sobre el futuro de la gobernabilidad mundial. América Latina y Europa del Este son ejemplos claros de esta crisis. En Europa del Este, países como Hungría, Polonia han adoptado medidas que socavan la independencia judicial y la libertad de prensa. En América Latina, donde el autoritarismo ha sido un fenómeno recurrente a lo largo de la historia, muchos países experimentaron un largo período de democratización y estabilidad política. Sin embargo, en las últimas décadas, ese espacio democrático se ha fracturado por líderes autoritarios como Hugo Chávez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y la familia Castro en Cuba. Estos regímenes han consolidado su poder de manera desmesurada, eliminando la división de poderes y debilitando las instituciones democráticas. En el caso específico de Venezuela, bajo el gobierno de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, las protestas ciudadanas han sido reprimidas y se han llevado a cabo elecciones consideradas fraudulentas, no sólo por el 80% de la población venezolana, sino también por la comunidad internacional. En Nicaragua, Ortega ha implementado una represión sistemática de la oposición y la disidencia, además de promover una reforma constitucional que asegura a la pareja presidencial y a su familia la permanencia en el poder durante muchos años. Cuba, gobernada por un sistema de partido único bajo los Castro desde 1960, ha sido un ejemplo de autoritarismo durante décadas. Estos regímenes han socavado el estado de derecho y la separación de poderes, poniendo en riesgo la estabilidad y la paz social en la región. En Asia, hace poco menos de una semana, en una decisión sin precedentes en la historia reciente de Corea del Sur, el presidente Yoon Suk Yeol decretó la ley marcial, argumentando una supuesta amenaza “antiestatal” vinculada a fuerzas opositoras y presuntas conexiones con Corea del Norte. Durante las seis horas en que la medida estuvo en vigor, cerca de 300 militares rodearon e ingresaron al edificio del Parlamento, mientras helicópteros y vehículos blindados ocupaban las calles de Seúl. Según el secretario general del Parlamento, Kim Min-ki, las tropas ingresaron al recinto utilizando helicópteros y escalando las vallas, rompiendo ventanas para acceder al interior. Yoon justificó la ley marcial como una medida para “proteger el orden constitucional”, sin presentar pruebas sólidas sobre las amenazas que mencionó. Desde su llegada al poder en 2022, el presidente ha enfrentado múltiples escándalos de corrupción, tensiones con la oposición y una disminución en su popularidad. Entre las acusaciones más recientes destacan señalamientos de tráfico de influencias que involucran a su esposa y la supuesta manipulación en la selección de candidatos para las elecciones parciales de 2022. A esto se suma su incapacidad para mantener un diálogo constructivo con un Parlamento dominado por el opositor Partido Democrático, lo que ha intensificado las críticas hacia su gestión. Estos factores, han sido determinantes en el estallido de esta crisis. Tras la declaración de la ley marcial, el jefe del ejército, el general Park An-su, emitió un decreto prohibiendo la actividad política y las fiestas, la propaganda falsa, las huelgas y las “congregaciones que inciten a la agitación social”. Los medios de comunicación también quedaron bajo la autoridad de la ley marcial. La primera víctima de esta medida fue el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, quien presentó su renuncia poco después de que el Partido Democrático registrara ante el Parlamento una moción para destituirlo. Su ministerio confirmó que fue Kim quien aconsejó a Yoon imponer la ley marcial. El Parlamento surcoreano inició de inmediato una moción de destitución contra Yoon, un proceso que requiere el apoyo de dos tercios de los 300 escaños y la ratificación de la Corte Constitucional. Si la moción prospera, Yoon sería suspendido de sus funciones y el primer ministro Han Duck-soo asumiría el liderazgo interino del país. La votación estaba prevista para este sábado 7 de diciembre de 2024, y el Partido Democrático solo necesita convencer a una decena de legisladores más para garantizar su aprobación. Cabe destacar que, al momento de redactar este artículo, no se habían alcanzado los votos necesarios para materializar la destitución del presidente surcoreano. Este hecho me hace reflexionar sobre cómo el autoritarismo en el mundo actual puede compararse con las cucarachas que se infiltran por todas las rendijas de una casa. Al igual que estos insectos, el autoritarismo se cuela silenciosamente en las grietas de nuestras sociedades, aprovechando cualquier debilidad o descuido. Aunque al principio pasa desapercibido, su presencia se vuelve cada vez más evidente y difícil de erradicar. Las cucarachas, con su capacidad para adaptarse y sobrevivir en casi cualquier entorno, reflejan cómo los regímenes autoritarios se ajustan y prosperan incluso en contextos donde la democracia parecía estar firmemente establecida. Así como una infestación de cucarachas puede comprometer la salud y seguridad de un hogar, el autoritarismo pone en riesgo los derechos y libertades fundamentales, erosionando la confianza en las instituciones y debilitando el tejido social. La reciente crisis política en Corea del Sur ha captado la atención mundial no solo por sus implicaciones internas, sino también por su impacto en la estabilidad regional y global. La declaración de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk Yeol y su posterior revocación han puesto de manifiesto las tensiones políticas y la posible fragilidad de las instituciones democráticas en el país. Este intento de retroceso democrático se enmarca en un contexto global donde cada vez más países enfrentan desafíos similares. En el ámbito regional, la inestabilidad política en Corea del Sur podría ser percibida como una debilidad interna que Corea del Norte podría aprovechar para intensificar sus actividades provocadoras, exacerbando las tensiones en la península coreana. En el pasado, Corea del Norte ha aprovechado cualquier signo de vacilación en Seúl para realizar pruebas de misiles, ataques cibernéticos o provocaciones militares. En Asia, una región de economías dinámicas, la democracia enfrenta presiones específicas. Países como Filipinas e India han visto una creciente concentración de poder en líderes populistas, mientras que Corea del Sur, una de las democracias más exitosas de la región, atraviesa una crisis política que amenaza su estabilidad. Aunque ha sido un ejemplo de cómo combinar desarrollo económico con gobernabilidad democrática, los recientes escándalos de corrupción y la polarización política han puesto en duda la resiliencia de sus instituciones. El caso de Corea del Sur tiene un impacto significativo en las democracias del mundo. Su éxito económico y político ha sido una inspiración para otros países en vías de desarrollo, demostrando que el progreso y la democracia pueden ir de la mano. Sin embargo, su situación actual subraya que incluso las democracias consolidadas son vulnerables a las tensiones internas. Esto plantea una advertencia global: la democracia no es un logro permanente, sino un proceso continuo que requiere esfuerzo para adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. Este retroceso democrático es global. En los últimos años, se ha observado un aumento en el número de países que experimentan la erosión de sus instituciones democráticas. Según un informe del instituto sueco V-Dem, el 71% de la población mundial vive bajo autocracias, frente al 48% de hace una década. Este retroceso afecta a más de la mitad de los 60 países que celebraron elecciones nacionales en 2024, convirtiendo este año en un punto crucial para el futuro de la democracia a nivel mundial. Corea del Sur, una de las democracias más sólidas de Asia, no ha escapado a la influencia de estos cambios. Su sistema democrático enfrenta presiones internas y externas que cuestionan su capacidad para mantener su modelo de gobernanza en medio de una creciente incertidumbre política y económica. A pesar de sus logros en desarrollo y gobernanza, los escándalos de corrupción y la división política están erosionando la confianza pública en las instituciones. No puedo dejar de lado otro aspecto crucial: la globalización y el avance tecnológico han cambiado también la dinámica política. Las redes sociales y los algoritmos amplifican la desinformación, fomentan la radicalización y facilitan la manipulación del discurso público. Corea del Sur es uno de los países con una de las infraestructuras digitales más avanzadas del mundo, lo que facilita el uso generalizado de plataformas sociales. Estas redes y algoritmos influyen en el panorama político como en la manera en que los ciudadanos se informan, se movilizan y participan en los procesos democráticos. Con un PIB de US$38,000 per cápita, Corea del Sur supera a países como España y México y se encuentra cerca de potencias europeas como el Reino Unido. Aunque aún está lejos de alcanzar el nivel de Estados Unidos, en 50 años de democracia, los ingresos medios de sus habitantes han reducido la distancia con el ciudadano promedio estadounidense en un 60%. En cuanto a su democracia, el Índice de Democracia Global de The Economist sitúa a Corea del Sur en el puesto 23 de 167 países evaluados, por encima de países como España, Francia y Estados Unidos. Si bien se le considera "el milagro económico del este asiático," también enfrenta sombras. La corrupción al más alto nivel sigue siendo un problema grave, con varios líderes políticos, incluida la expresidenta Park Geun-hye, involucrados en escándalos que han sacudido la confianza pública. La crisis política en Corea del Sur no solo afecta la gobernabilidad interna, sino que también tiene un impacto significativo en la percepción global de la democracia como sistema de gobierno. En un contexto de retroceso democrático mundial, el caso surcoreano subraya que incluso los países más avanzados enfrentan los mismos desafíos.

Bolsonaro en el banquillo: un paso decisivo para la democracia

El 8 de enero de 2023, Brasil vivió un intento de golpe de Estado protagonizado por simpatizantes de Jair Bolsonaro. Los manifestantes irrumpieron en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, y se congregaron frente a instalaciones militares en la capital federal, exigiendo un alzamiento militar contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien había asumido el cargo apenas una semana antes. Durante los disturbios, estuvieron a punto de asaltar el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, así como el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (STF). Este episodio reflejó una crisis política que puso a prueba la solidez de las instituciones democráticas del país. Vale señalar que la situación fue verdaderamente grave, dado que existían vínculos conocidos entre el bolsonarismo y las fuerzas armadas brasileñas, lo que generó el temor de que las fuerzas militares se sumaran al golpe. Sin embargo, finalmente no fue así, y las fuerzas armadas no intervinieron a favor de los manifestantes. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, se encuentra en el centro de uno de los procesos judiciales más controvertidos en la historia reciente del país. Acusado de diversos cargos que van desde la difusión de noticias falsas hasta el supuesto manejo negligente de la pandemia de COVID-19, enfrenta un panorama político y judicial que podría marcar un antes y un después para la democracia brasileña. Este enjuiciamiento, más allá de sus implicaciones legales, ha polarizado aún más a una sociedad ya dividida por las políticas de su mandato y la intensa retórica que caracterizó su administración. Entre las acusaciones más graves se encuentra su rol en la difusión de información falsa sobre el sistema electoral brasileño, lo que, según analistas políticos, minó la confianza en las instituciones democráticas. Este tipo de conductas, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales de 2022, ha llevado a muchos a compararlo con otros líderes populistas alrededor del mundo que han cuestionado la legitimidad de los procesos electorales en sus países. Otro aspecto relevante son las acusaciones relacionadas con su manejo de la pandemia de COVID-19. La comisión parlamentaria que investigó su gestión concluyó que Bolsonaro y varios de sus aliados actuaron con negligencia al minimizar la gravedad del virus, retrasar la adquisición de vacunas y promover tratamientos ineficaces. Estas acciones no solo costaron miles de vidas, sino que también podrían acarrear acusaciones por delitos comunes. Las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos han sido voces claves en exigir justicia por lo ocurrido. Además, Bolsonaro enfrenta investigaciones por posibles casos de corrupción y enriquecimiento ilícito durante su gobierno. Los casos de corrupción, combinados con las críticas por su estilo autoritario de gobernar, ha erosionado significativamente su apoyo en algunos sectores de la sociedad. Este contexto hace que su enjuiciamiento sea aún más significativo para la democracia brasileña, un país con una historia reciente de dictaduras y transiciones difíciles hacia la democracia. El juicio de un expresidente siempre representa un desafío para cualquier democracia. En el caso de Brasil, con su complejo pasado de dictadura militar (1964-1985), el proceso contra Bolsonaro tiene un significado especial, y es que para muchos este es un momento crucial para reforzar el estado de derecho y demostrar que nadie está por encima de la ley. Sus simpatizantes ven este proceso judicial como un intento de deslegitimar al movimiento conservador que él lidera, el cual aún goza de considerable apoyo popular. Internacionalmente, el juicio a Bolsonaro ha sido seguido con atención, no solo por su relevancia dentro de Brasil, sino como parte de una tendencia más amplia de rendición de cuentas de líderes populistas. Desde Estados Unidos hasta Europa, el fenómeno del populismo de derecha ha sido marcado por controversias legales y políticas. En este sentido, el desenlace del caso brasileño podría establecer un precedente sobre cómo las democracias pueden lidiar con líderes que erosionan sus propias instituciones, y podría influir en países que enfrentan desafíos similares. Si Bolsonaro es condenado, podría enfrentar la inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo que sería un golpe devastador para sus ambiciones políticas y su capacidad de influir directamente en la política brasileña. Esta condena no solo afectaría su carrera, sino que también enviaría un mensaje contundente sobre la rendición de cuentas de los líderes políticos en Brasil y la región en particular. Además, el juicio podría redefinir el panorama político del país, fomentando un debate nacional sobre la responsabilidad de los líderes populistas en la defensa de las instituciones democráticas. A nivel internacional, el caso podría tener un impacto significativo, especialmente en países que enfrentan el ascenso de liderazgos populistas o que están lidiando con problemas de institucionalidad. Así mismo, el juicio de Bolsonaro podría servir como precedente que inspire movimientos sociales y judiciales en otras democracias, promoviendo una mayor exigencia de transparencia y respeto por las instituciones. Es importante destacar que este juicio no es solo un proceso legal, sino un hito clave en la lucha por la preservación y consolidación de la democracia en Brasil. Durante su mandato, Bolsonaro promovió una narrativa de fraude electoral sin pruebas sólidas, buscando deslegitimar la victoria de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. Este tipo de comportamiento pone en riesgo los fundamentos mismos de la democracia; el respeto por el voto popular y la aceptación de los resultados electorales, pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. Este juicio, entonces, no se reduce solo a la evaluación de la culpabilidad de un individuo, sino que es un acto de reafirmación del compromiso con los principios democráticos. En muchas democracias del mundo, y particularmente en América Latina, los expresidentes a menudo gozan de una cierta impunidad después de dejar el poder, una práctica que ha socavado la credibilidad de las instituciones judiciales en la región. Con la apertura de este proceso judicial, Brasil muestra que nada ni nadie está por encima de la ley. Este principio de responsabilidad es crucial para garantizar que el poder no sea ejercido de manera autoritaria o arbitraria, como ocurrió durante la dictadura militar en Brasil. También resalta la importancia de la lucha por la preservación de las instituciones democráticas en un contexto de creciente polarización política. A lo largo de su mandato, Bolsonaro cultivó una retórica divisiva, fomentando la confrontación entre distintos sectores de la sociedad y promoviendo el odio hacia sus opositores. Sin embargo, el comportamiento de Bolsonaro no es único ni aislado; refleja un patrón recurrente en gobiernos de diversas regiones, tanto de derecha como de izquierda, donde los líderes buscan deslegitimar las instituciones y concentrar el poder. En este contexto, el caso Bolsonaro se convierte en un referente para otras democracias que enfrentan desafíos similares. El objetivo común entre muchos de estos líderes es dividir y debilitar a la sociedad civil con el fin de mantenerse en el poder. El hecho de que este proceso judicial esté siendo tan visible, con una gran atención tanto nacional como internacional, demuestra que las instituciones democráticas están dispuestas a defenderse de esos ataques. También muestra que la sociedad civil no permanecerá pasiva ante la desinformación y los intentos de subvertir el sistema político. El juicio a Bolsonaro también refuerza la importancia de la memoria histórica y el aprendizaje de los errores del pasado. Brasil es un país con una historia compleja, marcada por un largo período de dictadura militar, represión y violaciones de derechos humanos. La transición a la democracia en la década de 1980 fue ardua, y las lecciones de ese pasado no deben ser olvidadas. Es importante que nuestras sociedades tengan claro el horizonte: los líderes autoritarios que desafían el orden constitucional deben ser conscientes de que, después de décadas de lucha por la democracia, ninguna sociedad debe permitir el retroceso hacia un modelo de gobierno autoritario. El juicio a Bolsonaro envía un mensaje claro: Brasil no está dispuesto a permitir que el autoritarismo se instale nuevamente, y la justicia es el camino para proteger la democracia de amenazas internas y externas. En un momento en que las democracias enfrentan desafíos globales, desde el resurgimiento de líderes populistas hasta el autoritarismo creciente en diversas partes del mundo, es necesario demostrar que es posible combatir la desinformación, la manipulación política y la subversión del sistema democrático mediante los canales legales y judiciales establecidos. El veredicto que finalmente emita el tribunal será crucial, no solo para la vida política de Bolsonaro, sino también para el futuro de la democracia como forma de gobierno, en la cual la participación popular y la capacidad de los ciudadanos para elegir y controlar a sus gobernantes son fundamentales. En caso de que se dicte una condena, significará una reafirmación rotunda de que el Estado de Derecho prevalece y que ningún individuo, por poderoso que sea, puede estar por encima de la ley. Si, por otro lado, el juicio no lleva a una condena, aunque esto sería un revés, el proceso mismo habrá sido un testimonio de la madurez democrática del país. En cualquier caso, este juicio no solo tiene implicaciones para Brasil, sino que será un punto de referencia para la defensa de la democracia en tiempos de crisis políticas a nivel mundial.

La nueva reforma constitucional nicaragüense: un paso hacia la perpetuidad en el poder

La propuesta de reforma constitucional en Nicaragua, promovida por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y aprobada por 91 diputados el viernes 22 de noviembre de 2024, representa un paso más hacia la consolidación del matrimonio dictatorial que gobierna ese país desde hace 17 años. Es la duodécima enmienda que propone Ortega desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo. La iniciativa de reforma constitucional incluye cambios profundos en la estructura política y administrativa de Nicaragua. Entre los más controvertidos se encuentran la extensión del período presidencial de cinco a seis años y la creación de la figura de «copresidenta», asignada a Rosario Murillo, quien además tendría la autoridad para designar a su propio vicepresidente. Este último cambio busca formalizar el rol que Murillo ya desempeña en la práctica, consolidando su influencia y reforzando la percepción de un gobierno de carácter dinástico. Además, la propuesta contempla una mayor militarización del poder estatal, permitiendo al presidente otorgar al ejército y la policía roles temporales en el Ejecutivo bajo el argumento de «intereses supremos». También permitiría ejercer un mayor control sobre los medios de comunicación mediante restricciones justificadas en la protección frente a intereses extranjeros. Estas medidas, combinadas con la Ley de Ciberdelitos de 2021, refuerzan el aparato de censura y represión estatal. Desde 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una crisis política marcada por protestas masivas, la represión violenta de la oposición, encarcelamientos arbitrarios y el exilio forzado de miles de ciudadanos. Las elecciones generales de 2021, ampliamente criticadas por la comunidad internacional, reforzaron el control de Ortega al eliminar a los principales candidatos opositores mediante detenciones y amenazas. Esta reforma surge en un momento en que el gobierno sandinista enfrenta sanciones internacionales y aislamiento diplomático. Más de 300,000 nicaragüenses han emigrado debido a la crisis política y económica, un fenómeno que debilita aún más la capacidad de la sociedad civil para resistir el autoritarismo. Quizás el argumento más sólido para justificar se encuentra en que la cabeza de la dinastía Ortega enfrenta problemas graves de salud y estaría asegurando, con estos cambios, la perpetuidad de su familia en el poder. Al extender el mandato presidencial y consolidar la figura de Murillo como copresidenta, se refuerza el control absoluto del Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, lo cual debilita aún más la separación de poderes y erosiona la institucionalidad democrática. Es decir, garantizar la permanencia, en el poder, de la familia Ortega-Murillo. El artículo 135 establece que: “Por falta definitiva de uno de los copresidentes, el otro copresidente o copresidenta terminará el período por el que fueron electos”. Como señalé anteriormente, la nueva norma facultaría a los copresidentes a designar a los vicepresidentes, lo que dejaría la puerta abierta a que los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo se conviertan en vicepresidentes. La militarización del gobierno incrementa los riesgos de represión violenta contra cualquier tipo de oposición, lo que generaría mayores violaciones a los derechos humanos. La ampliación del control sobre los medios y las restricciones a la información dificultan la organización de movimientos opositores y perpetúan una narrativa oficialista en la opinión pública. Cualquier parecido con la realidad venezolana es solo coincidencia. Estamos ante otra dictadura constitucional en Latinoamérica. Vale señalar que una dictadura constitucional es un régimen en el que, a pesar de contar con una constitución formal que debería garantizar derechos y libertades, el poder se concentra en una sola persona o un pequeño grupo. Las decisiones se toman sin consulta ni participación de otros actores políticos, y las instituciones democráticas, como el parlamento y el poder judicial, están controladas para mantener el autoritarismo. Esta deformidad del sistema político permite que la constitución pueda ser manipulada para eliminar limitaciones como la reelección y de paso, favorecer al régimen. Aunque se celebran elecciones, no son libres ni justas, y la represión de la oposición, la censura y el uso de la fuerza son comunes. Además, se emplea la propaganda para controlar la narrativa pública, y el régimen puede implementar políticas populistas para mantener el apoyo popular, consolidando así su poder. Estas características permiten a los líderes autoritarios mantener una fachada de legalidad y legitimidad, al mismo tiempo que consolidan su control sobre el país. La comunidad internacional ha expresado en diversas oportunidades su preocupación por la deriva autoritaria del régimen de Ortega-Murillo. Las sanciones económicas y diplomáticas impuestas tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea buscan presionar al gobierno nicaragüense, aunque hasta ahora no han logrado revertir su curso autoritario, ni parece que en el futuro vaya a ser diferente. El reto para la oposición interna y la diáspora nicaragüense es aún mayor desde hace unos días, ya que ante un régimen que controla todos los mecanismos del Estado, las posibilidades de resistencia se limitan a acciones en el ámbito internacional y al fortalecimiento de las redes de solidaridad en el exilio. A nivel interno, el control militar y mediático hace difícil prever un cambio significativo en el corto plazo. La historia de regímenes autoritarios en América Latina sugiere que los cambios pueden ser impulsados por crisis económicas profundas, fracturas dentro del aparato estatal o movilizaciones populares masivas, En el caso de Nicaragua, esas posibilidades están cada vez más disminuidas, ante un poder casi ilimitado de la dinastía Ortega. Al mejor estilo revolucionario, se establece la bandera del Frente Sandinista como símbolo patrio y se instaura a los paramilitares a nivel constitucional bajo la figura de Policía Voluntaria. Por lo que se puede observar de esa reforma, se puede concluir que se trata de una reforma total (nueva Constitución) disfrazada de “reforma parcial”, ya que deroga 38 artículos de la Constitución vigente hasta hoy, y reforma otros 143 artículos de los 198 que tendría la nueva Carta Magna. Según la legislación nicaragüense, una nueva Constitución solo se puede hacer mediante la elección de una asamblea con ese mandato expreso de los votantes: una Asamblea Constituyente. En cambio, una reforma parcial solo necesita la aprobación del Parlamento, en dos legislaturas, con el 60 por ciento de los votos de los 92 diputados en cada una. Este procedimiento pudiera ser interpretado como un autogolpe de Estado. Otro elemento que llama la atención del cambio constitucional es que, según el texto original enviado por Ortega a la Asamblea Nacional, en el preámbulo se evocan con nombres y apellidos a unos 40 personajes, y entre los nuevos “héroes” menciona a Ernesto “Che” Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez Frías, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Simón Bolívar, entre otros. En lo que respecta a la separación de poderes, queda oficialmente abolida con el artículo 132, que establece: “La Presidencia de la República dirige al Gobierno y como Jefatura de Estado coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente Constitución”. Asimismo, incorpora, en la nueva Constitución, la apatridia como un mecanismo de represión contra quienes se le oponen. El artículo 17 de la reforma propuesta dice: “Los traidores a la Patria pierden la nacionalidad nicaragüense”. La gran mayoría de presos políticos han sido acusados de “traición a la patria” y, aún con las garantías constitucionales que existen hasta hoy, casi 400 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad por razones políticas. Es de hacer notar que existen diversas convenciones internacionales destinadas a prevenir y combatir la apatridia, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece en su artículo 15: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”. También señala que nadie debe ser privado arbitrariamente de su nacionalidad. En lo que respecta a la religión, la nueva norma constitucional recoge la hostilidad con que el régimen nicaragüense trata a las iglesias, particularmente a la iglesia católica. El artículo 14 establece que, “al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público” y que “las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero”. Finalmente, Nicaragua dejará de ser una supuesta revolución para convertirse en un régimen dinástico al servicio exclusivo de la familia Ortega-Murillo. Este es el objetivo central de la amplia reforma constitucional aprobada en la Asamblea Nacional sandinista, que en realidad busca imponer una nueva Carta Magna diseñada para legitimar el absolutismo que recaerá sobre la «familia real» sandinista. Con estas medidas, Daniel Ortega asegura que, al faltar él, Rosario Murillo heredará el poder de forma automática, consolidando así un gobierno de carácter dinástico y perpetuando su control sobre el país.

Entre muros y puentes: la relación de Trump con México en su nuevo mandato

La relación entre México y Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021) estuvo marcada por tensiones, conflictos diplomáticos y una serie de políticas que afectaron la cooperación bilateral en diversas áreas. Con la proximidad de la toma de posesión de Donald Trump en un segundo ejercicio presidencial en enero próximo, la relación entre Estados Unidos y México se perfila como un terreno de tensiones renovadas y pocas oportunidades para redefinir las relaciones bilaterales. Durante el primer mandato de Donald Trump, la relación bilateral entre Estados Unidos y México estuvo marcada por temas controvertidos, siendo la política migratoria uno de los más destacados. Desde el inicio de su campaña presidencial, Trump convirtió la inmigración en un tema central, prometiendo construir un muro en la frontera para detener el flujo de inmigrantes indocumentados. Esta promesa se tradujo en una serie de políticas y acciones ejecutivas diseñadas para restringir la inmigración. La construcción del muro fronterizo fue una de las iniciativas más emblemáticas de su administración. Aunque no se completó en su totalidad, se construyeron varios tramos nuevos y se reforzaron secciones existentes. Esta medida generó tensiones con el gobierno mexicano, que se opuso firmemente a la construcción del muro. Además, la administración Trump implementó la política de "tolerancia cero", que resultó en la separación de miles de familias en la frontera. Esta política fue ampliamente criticada tanto a nivel nacional como internacional, y provocó protestas y condenas de organizaciones de derechos humanos. Las relaciones comerciales entre ambos países fueron un punto de fricción durante el primer mandato de Trump. Una de las primeras acciones fue renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde 1994. Trump argumentó que el acuerdo perjudicaba a Estados Unidos, provocando la pérdida de empleos y el cierre de fábricas en el país. Tras intensas negociaciones, los tres países miembros —Estados Unidos, México y Canadá— llegaron a un consenso para reemplazar el TLCAN con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC). Aunque el nuevo tratado conservó muchas disposiciones del acuerdo original, incluyó cambios significativos en áreas claves, como las reglas de origen para la industria automotriz, los derechos laborales y la protección de la propiedad intelectual. La renegociación del TLCAN y la retórica proteccionista de Trump generaron incertidumbre en la economía mexicana, que depende en gran medida del comercio con Estados Unidos. Es importante indicar que aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas se destinan al mercado de Estados Unidos. Esta cifra convierte a EE. UU. en el principal socio comercial de México, una relación profundamente arraigada y significativa tanto en términos económicos como geopolíticos. La cercanía geográfica, los acuerdos comerciales como el T-MEC y los lazos industriales han sido factores clave para facilitar el flujo de mercancías entre ambos países. Sin embargo, la fuerte dependencia de México del mercado estadounidense también conlleva vulnerabilidades, ya que cualquier cambio en las políticas comerciales o en la demanda de productos en Estados Unidos puede tener un impacto significativo en la economía mexicana. La cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico fue un componente importante de las relaciones entre Estados Unidos y México. Durante el mandato de Trump, esta cooperación continuó, aunque no sin desafíos. La administración Trump presionó a México para que intensificara sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En 2019, Trump amenazó con designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que generó preocupación en el gobierno mexicano sobre las posibles implicaciones de tal designación. A pesar de las tensiones, ambos países continuaron colaborando en operaciones conjuntas y compartiendo información de inteligencia para combatir el tráfico de drogas y la violencia relacionada con el narcotráfico. No obstante, la violencia en México siguió siendo un problema grave, y la cooperación en seguridad no siempre fue suficiente para abordar los desafíos complejos que enfrenta el país. Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México durante el primer mandato de Trump estuvieron marcadas por altibajos. La retórica de Trump hacia México y los inmigrantes mexicanos a menudo fue ofensiva y despectiva, lo que generó tensiones diplomáticas. En resumen, la relación de México con Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump fue sumamente compleja y estuvo caracterizada por tensiones políticas, económicas y sociales. Las políticas de Trump, particularmente en torno al comercio, la inmigración y la seguridad, pusieron a prueba los lazos entre ambos países. El gobierno de Peña Nieto tuvo que navegar entre la presión de un presidente estadounidense impredecible y las necesidades internas de México. La llegada del expresidente Donald Trump de nuevo a la silla presidencial en Estados Unidos, ha encendido los focos rojos, pues un segundo mandato del candidato republicano podría implicar un cambio en las relaciones con México. En principio, México sería el país más afectado de la región por lo que ocurra en Estados Unidos. Las razones son de toda índole: por la frontera de 3.000 kilómetros que comparten, porque es su mayor socio comercial, porque millones de familias tienen miembros en ambos países. Donald Trump fue electo nuevo presidente de Estados Unidos, en parte, gracias a su agenda agresiva hacia México, la cual incluye altos aranceles a las importaciones desde ese país y la deportación de mexicanos indocumentados que estén en territorio estadounidense. Si bien la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha querido calmar los ánimos en sus conferencias de prensa, diciendo “No hay motivo ninguno de preocupación, México siempre será un país independiente y soberano. Va a haber buena relación. No competimos entre nosotros, nos complementamos, hay mucha unidad y mucha fortaleza de la economía mexicana”. Sin embargo, si la política migratoria es solo desalojar migrantes y si su política comercial tiene como base la puesta en práctica de un proteccionismo a ultranza, la situación de México va a estar muy comprometida. Es de hacer notar que, al conocerse el triunfo de Trump, el peso mexicano registró su peor marca en dos años, cayendo a casi 21 pesos por dólar. La pregunta es: ¿Por qué las restricciones comerciales prometidas por Trump pueden afectar el desempeño de la economía mexicana? Por varias razones. Las remesas que los mexicanos en Estados Unidos envían cada mes a sus familiares son uno de los pilares de la economía de consumo de este país: están, según cifras oficiales, entre el segundo y tercer mayor ingreso después del turismo y las ventas del petróleo. Es importante señalar que, si los migrantes mexicanos son enviados a casa, gran parte de las remesas que envían a México, 63 mil millones de dólares en 2023, se desplomaría, quitando a la economía de México una de sus fuentes más importantes de ingresos. Se estima que 11 millones de mexicanos están en Estados Unidos en situación irregular. Esa fuente de ingresos se puede ver afectada por las deportaciones y los aranceles de Trump. Durante la campaña, el nuevo presidente señaló que piensa imponer aranceles del 25% a las importaciones de México si el país no detiene el tráfico ilegal de migrantes. También aseguró que va a sancionar la exportación de productos chinos a través de México e imponer una tarifa de 500% a los automóviles producidos por empresas chinas en México. Según el centro de estudios Capital Economics, un arancel del 10% a los productos importados de México significaría una reducción del 1.5% del PIB mexicano. Durante el primer mandato de Trump, entre 2017 y 2021, la guerra comercial con China benefició a México, ya que numerosas empresas decidieron trasladar sus fábricas desde el gigante asiático para estar más cerca de Estados Unidos, posicionándose en ese país como un destino estratégico. Esto permitió a México, en el año 2023, convertirse en el mayor exportador de bienes a Estados Unidos del mundo, en parte debido a la existencia de un Tratado de Libre Comercio que facilita el intercambio comercial entre sus miembros. Algunos especialistas en temas comerciales mexicanos señalan que, si bien en 2020 Trump accedió a firmar el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), que reemplazó al antiguo NAFTA, lo más probable es que ahora lo use como mecanismo de negociación frente a dos de sus grandes obsesiones: la batalla comercial con China y la migración. La pregunta es ¿qué tipo de proteccionismo quiere Trump?: si es concentrado en Estados Unidos, sin contemplar a Canadá y México, o si lo hace con ellos, pero evitando la triangulación con China. El otro gran eje de la relación bilateral va a ser la migración. Trump prometió deportar un millón de migrantes indocumentados al año y dijo que va a reanudar la construcción del muro fronterizo entre los dos países. Esas promesas no son fáciles de cumplir por sus repercusiones, por un lado, son muy costosas y, por el otro, pueden afectar a la economía estadounidense, que en parte depende de la mano de obra migrante. Respecto al tema arancelario, es importante recordar que, para evitar los aranceles, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador accedió a mantener migrantes dentro de las fronteras mexicanas, lo que logró reducir el flujo de personas que ingresaba a Estados Unidos. Es muy probable que la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum, continúe con esa política. A lo anterior se añade el complejo tema del tráfico ilegal de drogas. Más de 80.000 personas murieron en Estados Unidos el año pasado por cuenta del fentanilo, un potente opioide que se produce y trafica desde México. Trump prometió que va a bombardear los laboratorios de fentanilo en México, bloquear los puertos mexicanos que transporten sus precursores y designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Lo antes mencionado, podría depender de la relación que se establezca entre los jefes de Estado, quienes, en principio, son muy distintos: él, conservador y capitalista, ganó en parte gracias a su rechazo de lo que llama "feminismo radical"; ella, de izquierda y crítica del neoliberalismo, tiene una profunda preocupación por la causa feminista. La relación bilateral ha pasado por todo tipo de coyunturas difíciles. En 2016 se creyó que Trump sería un problema para México y el resultado fue casi opuesto. Ahora llega un Trump distinto, quizá más ambicioso, y en México gobierna la primera mujer presidenta, una progresista y ambientalista, que goza de un notable apoyo popular. Se viene, en todo caso, otra coyuntura desafiante. Con el T-MEC programado para revisión en 2026, el equipo liderado por el excanciller de López Obrador y hoy ministro de Finanzas, Marcelo Ebrard, deberá trabajar duro para asegurar que México mantenga su posición en el acuerdo sin ceder ante presiones que puedan afectar sus intereses. Por otro lado, es importante destacar que, si bien es cierto que son preocupantes las amenazas proferidas por Trump durante la campaña presidencial en Estados Unidos, también lo es que el abanico de propuestas para México a partir del 20 de enero de 2025 es similar a las de su primera gestión presidencial 2017-2021, pero la diferencia radica en la forma tan radical en la que las ha venido expresando, sobre todo cuando se trata de mandar la señal a sus electores de que cumple y a México de que va a buscar un cambio en las reglas del juego.

Segundo mandato de Trump: desafíos para América Latina

La reciente elección de Donald Trump en Estados Unidos marca un hito en las relaciones con América Latina. Su regreso al poder plantea interrogantes sobre la dirección de estos lazos, especialmente considerando las políticas controversiales de su primer mandato. Este segundo período probablemente impactará áreas clave como la migración, el comercio y la política exterior en el hemisferio. La visión de Trump hacia América Latina ha sido de enfoque pragmático, priorizando la reducción de la inmigración ilegal y la renegociación de acuerdos comerciales que, a su juicio, perjudican la economía estadounidense. Es previsible que estas prioridades se intensifiquen, generando posiblemente más fricciones que cooperación en sus relaciones con los países de la región. La victoria de Trump plantea desafíos para América Latina, una región históricamente influenciada por Estados Unidos, que continúa siendo su mayor inversor extranjero. Aunque en años recientes Washington ha puesto mayor énfasis en otras zonas geopolíticas, como el Medio Oriente y el Indo-Pacífico, y en enfrentar la influencia global de actores como Vladimir Putin y Xi Jinping. El triunfo de Trump ha encendido las alarmas en América Latina. La región anticipa cambios en áreas críticas como las relaciones bilaterales, el comercio, la política migratoria y la seguridad. Países como México, Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, Colombia y El Salvador se preparan para posibles repercusiones económicas y políticas que podrían reconfigurar sus vínculos con Washington. Para América Latina, el retorno de Trump a la Casa Blanca representa incertidumbre, con su visión de reindustrialización y enfoque interno, porque podría debilitar las relaciones históricas entre Estados Unidos y la región. Un posible giro hacia políticas proteccionistas en EE.UU. podría no solo derivar en inflación interna, sino también en tensiones con sus socios comerciales regionales. En la medida que Trump implemente su "America First" de manera más agresiva, el diálogo bilateral podría reducirse a la problemática migratoria, así como el crimen organizado y las drogas, solamente. Esto podría hacer que la región pierda interés estratégico en Washington e incluso entre los votantes hispanos en EE.UU. Con un Congreso favorable y una Corte Suprema alineada con los valores republicanos, Trump podría tener mayor libertad para avanzar en su agenda, lo cual genera preocupación tanto a nivel interno como en los gobiernos latinoamericanos. Existe el temor que algunos avances, en derechos humanos, políticas migratorias y cooperación económica, se vean comprometidos. En particular, México estará en el centro de atención de Trump en temas como migración, drogas, comercio y el nearshoring chino en México. Pese a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando calmar las expectativas, se anticipa una relación difícil. Trump ha propuesto imponer un arancel del 10% a todas las exportaciones mexicanas a EE.UU., lo que podría afectar el PIB de México en un 1.5%. Trump busca evitar que China traslade la producción de autos eléctricos a México, ya que el T-MEC permite que empresas automotrices extranjeras en México o Canadá exporten a EE.UU. con mínimos impuestos si cumplen requisitos de contenido local. En respuesta a esa propuesta es que Elon Musk anunció que esperaría los resultados electorales para decidir si construirá una planta de Tesla en Nuevo León, con una inversión prevista de $4,500 millones de dólares y la producción de un millón de autos al año. En el sur, las reacciones ante el triunfo de Trump son variadas. Desde el entusiasmo de figuras como Javier Milei en Argentina y la oposición brasileña de Jair Bolsonaro, hasta la cautela de Gabriel Boric en Chile y la oferta de diálogo de Nicolás Maduro, quien comentó: “Así como su lema es ‘Make America Great Again’, diría que nuestro lema es ‘hacer grande a una Venezuela unida y una América Latina y el Caribe’”. Estos posicionamientos reflejan la expectativa de una administración "Trump 2.0", que se prevé más radical, especialmente en migración, comercio, China y drogas, con una preferencia por amenazas y sanciones en su política exterior. Hace ocho años, Trump ganó la presidencia amenazando con deportar a millones de indocumentados, algo que no llegó a realizar debido a las advertencias de sus asesores. En esta ocasión, ha declarado que se rodeará de asesores leales que no detendrán sus planes. Muchos se preguntan cuál será su estrategia hacia Venezuela tras haber reconocido en su primer mandato a Juan Guaidó como presidente legítimo, sin éxito. Esta vez, Trump podría optar por un enfoque menos confrontativo y buscar oportunidades de negocio en el país, dado su perfil empresarial y los recursos de Venezuela que podrían interesar a EE.UU. Con respecto a Cuba, se espera que continúe el statu quo, ya que su política hacia la isla es ya bastante restrictiva y no parece haber incentivos para un cambio significativo. Otros líderes de izquierda en la región, como Lula en Brasil o Gustavo Petro en Colombia, quienes mantuvieron diálogo con Biden, probablemente no verán grandes cambios en sus relaciones, aunque un acercamiento de Trump a Bolsonaro podría generar cierta distancia con Brasil. La colaboración en temas como el narcotráfico, fundamental para Colombia, también debería mantenerse bajo Trump. Presidentes como Nayib Bukele y Javier Milei han mostrado simpatía por Trump y esperan una cooperación más estrecha en temas de seguridad y economía. En El Salvador, la preocupación por posibles deportaciones masivas es alta, ya que millones de salvadoreños en EE.UU. contribuyen con remesas vitales para la economía del país. Vale señalar que las remesas provenientes de Estados Unidos representan el motor económico principal del país. En el período de enero a julio de 2024, El Salvador recibió 4.756 millones de dólares en remesas, un aumento interanual inferior al 1% respecto al mismo período de 2023. Ecuador, bajo el presidente Daniel Noboa, mantiene una estrecha cooperación en seguridad con EE.UU., y es probable que la colaboración contra el crimen transnacional aumente bajo Trump si la reforma constitucional en Ecuador permite bases militares extranjeras. Aunque América Latina no será la prioridad de Trump, es posible que privilegie las relaciones con gobiernos conservadores como los de Daniel Noboa en Ecuador, Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Santiago Peña en Paraguay. Por otro lado, Uruguay y Perú mantendrán una relación estable con EE.UU., aunque en este último la construcción del Megapuerto de Chancay, financiado por China, podría aumentar la influencia de Pekín en la región, lo que ha causado preocupación en Washington. Nos guste o no, el regreso de Trump a la Casa Blanca implica un cambio en la dinámica con América Latina, por lo que ese regreso a la Casa Blanca no puede ser ignorado.