Marta Yolanda y Estuardo conversan con el abogado Stuardo Ralón respecto a los motivos expuestos por el gobierno de Jimmy Morales que respaldan la finalización del convenio de creación de la CICIG. La Corte de Constitucionalidad aceptó los amparos planteados y proporcionó un lapso de tres horas al gobierno para explicar los motivos que fundamentan su decisión. Ralón explica que dicho convenio no contempla sanciones en caso de desobediencia por parte del personal de la Comisión. Por ende el presidente, en calidad de jefe de estado, puede aplicar otras normas de derecho internacional. El comunicado emitido por el gobierno se ampara del artículo 60 de la Convención de Viena, el cual faculta la suspensión total e inmediata de convenios, en caso de acciones realizadas por el personal que vayan en contra de la finalidad del acuerdo.