La UCO entregó al juez Juan Carlos Peinado un informe exhaustivo con 121 correos electrónicos de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en Moncloa, relacionados con la controvertida cátedra de la Universidad Complutense. La documentación revela que la asesora desempeñó un papel determinante que "iba más allá de las funciones propias del cargo que ocupaba" en la presidencia del Gobierno.
El informe al que ha tenido acceso The Objective detalla que Álvarez tramitó adendas con una docena d...
La UCO entregó al juez Juan Carlos Peinado un informe exhaustivo con 121 correos electrónicos de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en Moncloa, relacionados con la controvertida cátedra de la Universidad Complutense. La documentación revela que la asesora desempeñó un papel determinante que "iba más allá de las funciones propias del cargo que ocupaba" en la presidencia del Gobierno.
El informe al que ha tenido acceso The Objective detalla que Álvarez tramitó adendas con una docena de patrocinadores privados y cerró un acuerdo especialmente significativo con la empresa Mindway, que contemplaba destinar un 10% de sus beneficios directamente a la cátedra dirigida por la esposa del presidente.
El documento policial analiza minuciosamente los correos electrónicos intercambiados entre la asesora de Gómez y el entonces vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio. Los 121 mensajes evidencian una participación activa en la negociación de adendas firmadas con entidades como Google, Deloitte, ONCE e Indra, además de intervenir en un convenio de formación permanente con Mindway.
La correspondencia demuestra que desde Moncloa se coordinaban directamente las operaciones comerciales y de patrocinio de la cátedra universitaria, utilizando recursos públicos para gestionar intereses privados. Esta implicación directa refuerza la tesis de uso irregular de la estructura del Estado para beneficio personal.
Tanto Begoña Gómez como su asistente Cristina Álvarez están imputadas por un presunto delito de malversación de fondos públicos. El juez Peinado ya determinó que, en caso de celebrarse juicio, será un tribunal popular el encargado de juzgarlas, lo que subraya la gravedad de las acusaciones.
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