El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha descartado reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pese al dictamen de la Comisión de Venecia, que considera que el modelo español no cumple los estándares europeos de independencia judicial y responde a criterios "discrecionales" inadmisibles en una democracia avanzada.
La Comisión de Venecia establece claramente que lo ideal es que los jueces elijan directamente a los jueces, y no el modelo español actual ...
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha descartado reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pese al dictamen de la Comisión de Venecia, que considera que el modelo español no cumple los estándares europeos de independencia judicial y responde a criterios "discrecionales" inadmisibles en una democracia avanzada.
La Comisión de Venecia establece claramente que lo ideal es que los jueces elijan directamente a los jueces, y no el modelo español actual donde las Cortes Generales designan políticamente a los doce vocales de procedencia judicial. Este sistema permite el control político del órgano de gobierno de los jueces.
Félix Bolaños insiste en que el actual sistema fue fruto de un supuesto "pacto de Estado" avalado por el Congreso y el Tribunal Constitucional, y que solo podría modificarse con un consenso político equivalente. Esta argumentación ignora deliberadamente las exigencias de independencia judicial europeas.
Sin embargo, esta postura incumple flagrantemente el compromiso asumido por PP y PSOE ante Bruselas en el año 2024, cuando ambos partidos se repartieron los cargos del CGPJ con la condición expresa de presentar posteriormente una reforma que devolviera a los jueces la elección de sus propios representantes. Este compromiso quedó en papel mojado.
El dictamen de la Comisión de Venecia no es vinculante jurídicamente, es tan solo un aviso y una recomendación sin capacidad sancionadora. Sin embargo, algunas asociaciones judiciales como 'Francisco de Vitoria' y el 'Foro Judicial Independiente' han pedido al CGPJ que adapte su propuesta a las recomendaciones europeas, mientras el Gobierno insiste obstinadamente en mantener el modelo parlamentario actual que le permite controlar la Justicia.
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