Universidad Abierta de Recoleta
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Si hay un elemento de gran relevancia en las protestas sociales de las últimas dos décadas, son las redes sociales. Desde Fotolog, que fue sustancial en la Revolución Pingüina de 2006, la performance de Las Tesis con “Un violador en tu camino”, que dio la vuelta al mundo a través de Instagram y Twitter, o la diseminación de la brutalidad policial en la explosión social del 18 de octubre en Chile, e incluso a nivel internacional, recientemente con la muerte de George Floyd en EEUU, y su posterior ola de protestas en contra de la violencia racial. El espacio virtual se ha transformado en el vehículo para diseminar información rápidamente entre la población, entre ellas fake news.
Por eso mismo, uno de los grandes miedos de la población chilena durante el estado de emergencia decretado el 18 de octubre de 2019, fue la limitación a la libertad de expresión y de acceso a la información, tanto en los espacios públicos como virtuales, con el objetivo probable de ocultar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las F.F.A.A. y de Orden, para contener la sublevación de un pueblo sulfurado.
El Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación Datos Protegidos elaboraron un informe preliminar llamado Libertad de expresión en el contexto de las protestas y movilizaciones sociales en Chile durante el estado de emergencia entre el 18 y el 27 de octubre presentado el 13 de noviembre del año 2019 en la Universidad Abierta de Recoleta. En su presentación, el representante del Observatorio del Derecho a la Comunicación, Javier García, declaró que el respeto a la libertad de expresión no se encuentra asegurado en Chile, exponiendo diversas situaciones anómalas tales como:
Filtrado automático y bloqueo de cuentas de redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y Youtube, con dificultad para subir contenido, eliminación de cuentas y de publicaciones relacionadas con el estallido social y la violación a los derechos humanos.
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