Universidad Abierta de Recoleta
Education
El 11 de abril del 2016 sucedió un terrible evento que marcaría el antes y después de la relación del Estado chileno con los niños, niñas y adolescentes. Hablamos de la lamentable muerte de Lissete Villa, de 11 años, producto, al parecer, de que dos educadoras de un centro perteneciente a la red del Servicio Nacional de Menores (SENAME) la hayan sujetado de sus extremidades y una de las funcionarias, de 90 kilos, se sentara arriba de la niña, causando su muerte debido a una asfixia por sofocación (BioBioChile, 2019).
Este suceso destapó un secreto a voces, y producto de una investigación hecha por la PDI en 2017, fue comprobado: el SENAME, y por ende, el Estado, viola sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta investigación se llevó a cabo en 240 centros del total de 241 que hay en todo el país, lo que implica 6.500 niños y niñas del SENAME. En otras palabras, casi en el 100 % de los centros que administra el Sename y en el 88 % de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual (CIPER, 2019).
Con estos antecedentes, pareciera ser que los niños, niñas y adolescentes nunca han sido una prioridad para el Estado. Al contrario, pareciera ser que el SENAME es un castigo a la pobreza más que un servicio que busque nivelar las graves desigualdades que se ahondan en el neoliberalismo.
¿Cómo se puede constatar esto? Según el diputado Rene Saffirio, una vez que el documento fue liberado en diciembre del 2018, ni la Fiscalía ni el gobierno de Sebastián Piñera, con el ministro Hernán Larraín a cargo del Ministerio de Justicia, lo dieron a conocer públicamente. Esto pareciera estar motivado porque en esos momentos el Congreso discutía un proyecto del gobierno, el cual finalmente se aprobó inyectando recursos de alrededor de $10 mil millones destinada a los hogares de red Sename (CIPER, 2019).
Para Lissete Villa y los miles de niños, niñas y adolescentes muertos por la desidia de un Estado que no le interesa la protección de sus derechos, es necesario avanzar firme hacia el reconocimiento integral de la niñez como sujetos de derecho y no como propiedad de sus padres ni como proyectos de persona.
Como si aprendiéramos a caminar nuevamente, debemos ir paso a paso. El primero, el más importante, es su reconocimiento constitucional.
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