Universidad Abierta de Recoleta
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Si bien es cierto que el alcance de los Derechos Humanos es de carácter universal, se hace muy necesario hacer distinciones y especificaciones respecto a los derechos de ciertos sectores que se han visto más desprotegidos y vulnerados, siendo esta una de las banderas del movimiento feminista con importantes triunfos como la convención Belém do Pará.
Algunas voces, como siempre, están en contra de estas medidas de especial protección hacia las mujeres, mal llamadas “discriminaciones positivas”. Muchas de las personas que opinan de esta forma lo hacen porque no logran, o no quieren, darse cuenta de la violencia estructural que existe desde la maquinaria estatal hasta los actos de machismo incrustados en las relaciones sociales. Porque este es el gran pilar que sostiene el machismo y el patriarcado: la naturalización de formas de pensar y de ser aprendidas y traspasadas culturalmente. Es decir, se navega en una sociedad que se ordena dogmáticamente y que llega al punto de naturalizar de manera absoluta un cierto orden de relaciones sociales como, por ejemplo, los roles de género. Así, no se reconoce que esos comportamientos son netamente culturales, aprendidos y transmitidos y, como tales, no solo es factible, sino necesario corregir para una sociedad realmente inclusiva.
¿Aún hay dudas? Este es un caso, como muchos más, donde se denota claramente la violencia estructural contra la mujer y contra los pueblos originarios. Según la Defensoría Penal Pública (DPP), este caso fue un hito que incluso se estudia internacionalmente, ya que denota la discriminación interseccional “vulnerando sus derechos como mujer, como madre, como mapuche, como embarazada y como persona privada de libertad” (DPP, 2019).
Lorenza Cayuhan..., una mujer mapuche de 31 años, exdirigenta de la comunidad Mawidache de Alto Antiquina, cumplía una condena de 5 años y 61 días en la cárcel de Arauco, tras ser acusada por un testigo sin rostro del supuesto robo de diversos objetos a trabajadores de la empresa FUMIVAR, “prestadora de servicios de Forestal Arauco” (El Desconcierto, 2019).
Cuando comienza su condena, Cayuhan ya contaba con 4 meses de embarazo. De allí en más, cada examen médico y traslado los tuvo que pasar engrillada, incluso en el día de su parto, pese a que se encontraba en un delicado estado de salud (INDH, 2016). Esta irregular situación se pudo apreciar en la tan infame fotografía que se viralizó produciendo una ola de molestia y otra gota más del ya rebalsado vaso en relación con la violencia de género y trato a los pueblos originarios.
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