Universidad Abierta de Recoleta
Education
Para nadie es un secreto que en América Latina, en pleno 2020, la brecha digital entre las urbes y el mundo rural sigue siendo inmensa. Esto, por supuesto, afecta y ralentiza el derecho a una educación en igualdad de oportunidades y sin discriminación.
La pandemia no ha ayudado en esto, y una de sus mayores consecuencias negativas ha sido la dificultad para asegurar la continuidad educativa de niñas, niños, adolescentes, adultos y personas mayores. En pocas palabras, la pandemia ha dificultado la protección al derecho de la educación.
La imposibilidad de volver a las aulas de forma presencial ha obligado a repensar lo que se entiende por escuela, trascendiendo la mera alusión al edificio donde se imparte el conocimiento para significar también a la comunidad en la que está inserta la institución educativa.
Pareciera que en algunos países de América Latina, como es el caso de Chile, la vinculación de la autoridad educativa del gobierno central con la comunidad educativa y las instituciones propiamente tales, no estuviera basada en catastros y delimitaciones claras de las diferencias existentes entre la urbe y lo rural. Esta falta de visión queda en evidencia cuando el gobierno chileno asumió que bastaba con sustituir el espacio físico de las clases con un espacio virtual, pidiéndoles a las y los docentes, y a sus estudiantes, que hagan lo mismo que hacían en las salas físicas, pero a distancia y desde su computador, celular o tablet, asumiendo de antemano que todas y todos cuentan con los recursos materiales y tecnológicos suficientes para continuar con su educación de forma virtual. Craso error que da cuenta de una visión centralista, de una ignorancia supina del país que gobiernan y de la poca capacidad para escuchar voces de la comunidad educativa y de otras organizaciones como el Colegio de Profesores.
Por supuesto que esa brecha se debe acortar, y las políticas públicas e iniciativas privadas deben ir en apoyo de los sectores rurales para que rápidamente se sumen a esta realidad, donde el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son usadas cada vez más frecuentemente para el ejercicio pedagógico. Esto adquiere mayor importancia en el ámbito rural, donde las grandes distancias a los establecimientos educacionales se pueden acortar a través de un computador y una conexión eficiente, impulsando el trabajo situado, colaborativo e investigativo.
Se pretende improvisar “educación digital” cuando aún estamos lejos (en Chile y Latinoamérica) de superar la brecha tecnológica; en cambio, lo que esa improvisación derivada de la pandemia ha logrado, es dejar en evidencia que sin políticas públicas que alienten y aseguren la conectividad para todas y todos, cualquier programa de “digitalización” educativa es solo un discurso vacío.
La brecha digital no debe ser excusa para no proteger el derecho a la educación. Se hace necesario y urgente una mayor vinculación con el territorio de parte del gobierno central, y de esta forma adecuar la respuesta de emergencia educativa a las distintas realidades que existen. No solo las comunidades se sentirán protagonistas de su educación, sino que los recursos a disposición se usarán de forma más eficiente, logrando una educación situada, de calidad y para todas y todos.
Nunca hay que olvidar que la educación apuesta a un cambio presente y futuro, en perspectiva de un estado mejor de la especie humana en el futuro; es decir, conforme a la idea de humanidad y de su completo destino. Una buena educación es, precisamente, el origen de todo bien en el mundo. (Kant en Beade, 2011).
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